Claves para una movilidad eléctrica sostenible

La movilidad eléctrica ya es una realidad. Por un lado, es unívoca la dirección a la que apuntan las instituciones y gobiernos cuyos marcos regulatorios y de políticas públicas en materia de movilidad sostenible vinculan sus objetivos a corto y medio plazo a la implementación de un nuevo modelo de movilidad. Por otro lado, también se observa claramente en el mercado de transporte y de automoción la apuesta por la movilidad eléctrica. Sirva como evidencia el último informe global de vehículos eléctricos de la Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency’s Global Electric Vehicles Outlook). Según este, el número de vehículos eléctricos o híbridos en circulación superó los 3 millones en 2017, un 54% más que en el año anterior. Pero la electrificación del transporte no afecta solo a los coches, sino que también se está aplicando en otros medios. A nivel global, los buses eléctricos han pasado de ser 345.000 unidades en 2016 a 370.000 en 2017, mientras que el número de motos eléctricas asciende a 250 millones.

Estos datos reflejan la consolidación de la movilidad eléctrica como el paradigma de movilidad del futuro, un modelo posicionado como la alternativa sostenible frente a los modelos tradicionales basados en los combustibles fósiles, por su nula emisión de CO2 y escasa contaminación acústica en las ciudades. No obstante, para determinar la sostenibilidad de la movilidad eléctrica como paradigma dominante del futuro, se requieren análisis más extensivos que tengan en cuenta, además de las propiedades de los vehículos eléctricos, toda su cadena de valor. Esta es una de las conclusiones que se desprenden del informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente en noviembre de 2018. Precisamente en la I Edición del Congreso SUM Bilbao 19 se ha logrado tener este enfoque holístico a través de varias ponencias.

Las baterías

Uno de los puntos críticos en los debates sobre los vehículos eléctricos es su autonomía y, por ende, su eficiencia frente a los vehículos convencionales. En este sentido, se están trabajando diversas soluciones y tecnologías que permitan dotar a los vehículos eléctricos de una mayor autonomía sin recurrir a combustibles fósiles. Una de las opciones barajadas es el hidrógeno. Imanol Iturrioz, Jefe del departamento de I+D en el Grupo CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), ha expuesto las ventajas de la hibridación de baterías y las pilas de hidrógeno, ya que favorecen una mayor autonomía, vida útil y rendimiento del vehículo, mientras que reducen los tiempos de carga y el precio de los vehículos eléctricos. No obstante, para que la solución basada en el hidrógeno sea sostenible, también lo debe ser la producción de este elemento, prescindiendo de energías contaminantes.

El abastecimiento de electricidad

Otro punto importante y decisivo para que la movilidad eléctrica se expanda es la disponibilidad de infraestructuras para cargar el vehículo. Empresas como IBIL trabajan para hacer que los puntos de carga sean accesibles en el ámbito urbano. Así lo ha expresado Aitor Arzuaga, director general de IBIL: “la infraestructura de recarga rápida urbana es imprescindible para facilitar y democratizar el acceso a toda la ciudadanía, independientemente de su nivel de renta o disponibilidad de parcela de garaje, pues existe un sector importante de la ciudadanía que no posee parcelas de garaje pero tiene necesidades de movilidad”.

Asimismo, al incrementar la demanda de la movilidad eléctrica, es necesario aumentar la oferta de electricidad. Red Eléctrica de España cuenta con el Centro de Control de Vehículo Eléctrico (CECOVEL), que hace seguimiento de la demanda de los vehículos eléctricos en colaboración con los operadores de movilidad IBIL, GIC y FENIE. Su representante en el SUM Bilbao 19, Susana Bañares, ha destacado que “es importante incorporar la electricidad procedente de energías renovables en el sector del transporte, debido a que éste es responsable del 27% de las emisiones”. Además, Susana ha asegurado que “el sistema eléctrico está preparado para integrar la demanda de los vehículos previstos en la transición energética, facilitada a través de la carga inteligente y conectada”. De esta forma, para que los transportes eléctricos sean una realidad sostenible, normalizada y extendida, es imprescindible contar con infraestructuras que respondan adecuadamente a la demanda.

La gobernanza y las redes de colaboración

Finalmente, para que la movilidad eléctrica sea el paradigma de la movilidad sostenible del futuro, es necesario construir sistemas de gobernanza y alianzas público-privadas que busquen la implementación de soluciones en común. En esta línea, Aitor Arzuaga ha enfatizado que “las instituciones y los operadores del servicio deben ir de la mano”.

Por su parte, Dolores Cárdenas, asesora de movilidad en Repsol, destacó en su intervención que los modelos de movilidad sostenibles deben estar basados en objetivos ajustados a estándares globalmente aplicables y actualizados según los avances de las tecnologías. Esta idea es clave si tenemos en cuenta la desigualdad en la implementación de la movilidad eléctrica por países, pues según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, en algunos la movilidad eléctrica está mucho más implementada. Por ejemplo en China, donde se han comprado aproximadamente el 50% del total de vehículos eléctricos vendidos en el mundo, o Noruega, donde casi el 40% de vehículos que circulan por sus carreteras son eléctricos.

En conclusión, la movilidad eléctrica ya es un modelo del presente que aspira a convertirse en el paradigma dominante del futuro. Sin embargo, para consolidarse como una alternativa sostenible a los modelos tradicionales basados en los combustibles fósiles, es importante tener en cuenta la sostenibilidad no solo en el uso del vehículo, sino también en todo su ciclo de vida, incluyendo la fabricación y alimentación energética. En este sentido, la sostenibilidad de la movilidad eléctrica va a depender de la interlocución entre todos los agentes implicados en la cadena de valor, las instituciones públicas y la estandarización de parámetros que se puedan aplicar a nivel global.