En el año 2008 se aprobó -en la Sede de las Naciones Unidas- la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, ambos firmados por parte de más de 80 países. Nunca antes una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma.
Éste fue el elemento de mayor valor que se ha producido en la comunidad internacional en relación con el colectivo de personas con discapacidad y la influencia positiva que puede tener en distintos ámbitos, pues fue también el catalizador para poner esta temática en las agendas políticas internas de los países, provocando una tendencia de reconocimiento y protección de los derechos de las personas con discapacidad, dado que dicha convención pasa a formar parte del marco legislativo de países como España. Sin embargo, los derechos de las personas con discapacidad siguen siendo una realidad deficitaria, con múltiples carencias que nos alejan de los elementos establecidos en la Convención firmada en las Naciones Unidas.
La misma Convención resalta la importancia de la movilidad personal para el cumplimiento de los derechos del colectivo de personas con discapacidad, dedicándole un Artículo completo, en el que se detalla que “Los Estados adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible” y se numeran múltiples puntos en los que los países deben actuar en pro de la movilidad personal del colectivo. Evidentemente, esto requiere inversión para la adaptación de los servicios de movilidad, tanto públicos como privados.
Asimismo, para entender y actuar correctamente con la adaptación del sistema de movilidad existen unos criterios para facilitar la accesibilidad al entorno, el DALCO – siglas de Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación. El DALCO garantiza una visión integral de cómo se deben adaptar las infraestructuras, los sistemas y los servicios refiriéndose a todas las dimensiones de la actividad humana. Al fin y al cabo, garantizar la accesibilidad significa garantizar que las acciones de deambulación, aprehensión, localización y comunicación puedan ser desarrolladas por cualquier usuario sin que se encuentre con ningún tipo de barreras.
Actualmente, la sociedad se encuentra en un proceso de transición hacia el nuevo paradigma de movilidad sostenible y, en este sentido, las ciudades están abrazando esta transición e iniciando la transformación hacia un modelo de transporte y de ciudad de acuerdo con lo que marca la agenda internacional. Para hacerlo, se requieren de modificaciones transversales como la peatonalización de espacios hasta ahora dedicados al coche o el replanteamiento de los itinerarios de transporte público, entre otros. Es necesario que este proceso no solamente sea para hacer las ciudades más sostenibles, sino que también las haga más inclusivas con las personas con discapacidad. Así, por ejemplo, la reformulación urbanística para peatonalizar un espacio público no solamente tiene que incluir sacar espacio al coche para dárselo al peatón, sino que también debe contemplar la eliminación de barreras arquitectónicas que pueden dificultar la movilidad personal de las personas con discapacidad, o respetar los anchos y desniveles compatibles con la movilidad reducida.
En conclusión, aunque han pasado años desde que muchos países acordaron adaptar elementos como el sistema de movilidad a las personas con discapacidad, no se ha producido una transformación del sistema como la que era necesaria para hacerlo. Sin embargo, es necesario que el nuevo paradigma de la movilidad incluya no solo una perspectiva de sostenibilidad y de innovación tecnológica, sino que también incluya el enfoque de la accesibilidad universal.
